Uno de los principales gastos que enfrenta cualquier tipo de organización tanto del mundo público como privado o de la Academia, ocurre cuando estas no planifican o prevén la manera adecuada de enfrentar su estrategia de seguridad informática, dadas las posibles amenazas económicas y reputacionales que pueden enfrentar.

El reglamento de la Unión Europea sobre ciberseguridad la define como todas las actividades necesarias para la protección de las redes y sistemas de información, de los usuarios de dichos sistemas y de otras personas afectadas por las ciberamenazas.

Es en este contexto donde se vuelve fundamental contar con una política robusta, lo que implica una profundización de la transformación digital del Estado, una gestión del cambio y la creación de gobernanzas apropiadas, sin dejar de promover la educación y formación en esta materia, lo que quedó plasmado en el documento “Construyendo la Ciberseguridad en Chile”, elaborado por la Mesa de Ciberseguridad de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado.

En cuanto a precios, de acuerdo con datos del más reciente informe “Costo de vulneración de datos 2023”, elaborado por IBM, en Chile; al igual que México, Argentina y Colombia, el valor monetario de una filtración de datos llega en promedio a u$s 3.690.000, frente a los u$s 2.800.000 del 2022.

Con los hechos que han transcurrido en los últimos 12 meses en nuestro país, tales como las filtraciones de correos del Estado, el ataque de ransomware sufrido por el Poder Judicial, el ataque al Servicio Nacional del Consumidor o el más reciente sufrido por el proveedor de la plataforma Mercado Público, se vuelve urgente el abordar la ciberseguridad para ofrecer perspectivas claras sobre las medidas en curso y las futuras, y proporcionar recursos adicionales para los encargados de velar por la protección en el mundo digital.

La implementación de medidas de seguridad de la información electrónica, puede fortalecer la confianza en el entorno digital y contribuir al desarrollo sostenible y, actualmente, la Ley Marco sobre Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información, se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, ad portas del tercero y así poder convertirse en ley.

“La implementación de medidas, respaldada por la Ley Marco en trámite, fortalecerá la confianza digital y contribuirá al desarrollo sostenible, mientras que la educación impulsará la formación de ciudadanos digitales críticos, éticos y creativos”, explicó al respecto Luz María García, gerenta general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A G.

De esta forma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), plantea que a través de la educación se podrá alcanzar el conjunto de competencias que permiten a las personas acceder, comprender, analizar y utilizar el entorno digital, de manera crítica, ética y creativa de forma tal de contar con ciudadanos digitales plenos.

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