La procuradora General de Argentina, Alejandra Gils Carbó,  creó -en noviembre de 2015- la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que estará a cargo del fiscal Horacio Azzolín y entenderá en ilícitos que van de casos de ataque a sistemas informáticos a la utilización de sistemas informáticos para cometer delitos.

En el caso de delitos cometidos con empleo de sistemas informáticos, la UFECI prestará “especial atención en el ámbito de la criminalidad organizada, comprendidas la trata de personas, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y terrorismo“, dijo Gils Carbó.

“Las diversas formas y conductas mediante las cuales se ejerce el cibercrimen exigen intensificar las tareas para su abordaje, de un modo articulado y atendiendo a sus especificidades“, señaló la titular de la Procuraduria General de la Nación.

La nueva Unidad Fiscal “estará habilitada a intervenir en todo proceso en el que sea necesario realizar investigaciones en entornos digitales, aun cuando no hayan sido cometidos contra o mediante un sistema informático“, agregó y citó como ejemplo el supuesto de “localización de imputados a través de Internet“.

La Unidad podrá intervenir en casos de su competencia y asistir magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación que así se lo requieran, recibir denuncias y realizar investigaciones preliminares y genéricas y actuar como nexo entre la Procuración General de la Nación, fiscales y los diferentes actores e instituciones nacionales e internacionales vinculados al tema.

También, articular con las procuradurías, unidades fiscales y demás áreas de la Procuración General, a fin de implementar “estrategias eficaces para el abordaje de la ciberdelicuencia“, e interactuar en particular con la Dirección General de Investigaciones Fiscales y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Gils Carbó destacó: “el significado que este fenómeno criminal ha adquirido a nivel mundial, como una modalidad emergente de la delincuencia transnacional organizada, tal como ha sido tratado desde la Organización de las Naciones Unidas“.

“La gravedad y complejidad del fenómeno, su relevancia nacional e internacional y su constante crecimiento tornan necesario potenciar la actuación del Ministerio Público en la materia, ampliando su capacidad de intervención y profundizando todos los ejes de trabajo que se vienen desarrollando“, concluyó.

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