¿Quiénes pierden más cuando no se invierte en telecomunicaciones?

¿Quiénes pierden más cuando no se invierte en telecomunicaciones?
La inversión privada en el sector sufrió una reducción de casi el 28% en apenas un año.

Cada año el informe de gobierno que presenta la administración federal está acompañado por un anexo estadístico que proporciona interesantes datos para aquilatar dichos montos de inversión en el sector.

La vida diaria es impensable sin redes de telecomunicaciones que fungen como el sistema nervioso de nuestra civilización. Por ello la inversión de los sectores público y privado es fundamental para mantener operando las redes, extender su alcance, incorporar nuevas tecnologías y mejorar la calidad en el servicio.

El anexo estadístico del último informe de gobierno presentó un dato preocupante: la inversión privada en el sector pasó de alrededor de 85 mil millones de pesos en 2016 a poco más de 61.400 millones en 2017. Una reducción de casi el 28% en apenas un año.

Desde la década pasada, trabajos académicos sobre regiones como Europa Oriental y África han hallado una correlación positiva entre el incremento en la cantidad de suscriptores de servicios de telecomunicaciones móviles y el producto interno bruto del país.

Más aún, otro estudio publicado en 2014 en el Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice halló una vinculación estrecha entre ambas variables dentro de los países que conforman el llamado grupo G20 de las economías más grandes del mundo. 

Regiones de México como el sureste mantienen atrasos en su infraestructura en telecomunicaciones, como lo hizo patente el estudio Telecommunication and Broadcasting Review of Mexico 2017, publicado  por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

De igual forma, el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, muestra en su último Anuario Estadístico, los rezagos existentes en las entidades federativas de la región sureste en materia de penetración de servicios de telecomunicaciones.

A pesar de que desde la reforma de telecomunicaciones de 2013, se ha observado un crecimiento en el promedio nacional de accesos a servicios de banda ancha –tanto fija, como móvil-, la realidad es que existen grandes diferencias entre las distintas entidades federativas que integran el país.

Así las cosas, tenemos que, en la actualidad, 52 de cada 100 hogares mexicanos cuentan con servicios de banda ancha que les permiten acceder a internet, sin embargo, esa cifra está impulsada por altas penetraciones en entidades como la Ciudad de México y Nuevo León, mismas que al cierre de 2016 ascendían al 83% y 64% de los hogares, respectivamente.

En contraparte, en Chiapas únicamente el 13% de los hogares contaba con tan importante servicio, seguido por Oaxaca y Tabasco que mantenían penetraciones en los hogares de tan solo el 18%.

Un efecto similar, se aprecia en los servicios de banda ancha móvil, en los que el promedio nacional señala que están cubiertos 67 de cada 100 mexicanos, aunque al revisar las cifras por entidad federativa, se aprecia que solo el 28% de los chiapanecos cuenta con el servicio, seguidos por las bajas penetraciones entre los habitantes de Oaxaca y Guerrero, las cuales ascienden al 30% y 38%, respectivamente.

No es misterio que tales regiones sean las que mayor atraso económico padezcan y cuyo desarrollo industrial sea menor. Para mejorar su perfil económico, la administración federal que concluye este 1 de diciembre emprendió el desarrollo de zonas económicas especiales en ocho estados del país basadas, cuyo crecimiento dependerá en buena medida de la existencia de infraestructura para telecomunicaciones suficiente para conectar las empresas que allí se instalen con el resto del país y las cadenas productivas globales.

Bajo ese tenor, pudiera encontrar algo de lógica la propuesta del Presidente electo plasmada en el Proyecto de Nación 2018-2024, en el que plantea la necesidad de disminuir la brecha de acceso a banda ancha, enfocándose primordialmente en los estados que corresponden a las regiones 8 PCS (Veracruz-Llave, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala) y 5 PCS (Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche), a través de la introducción de tecnología 3G y 4G, y apoyándose para ello de un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha.

Con independencia de ello, queda claro que la llegada de nuevas tecnologías y la creciente demanda de conectividad, requerirán inversiones masivas. Por ello, es importante que tanto el agente preponderante en telecomunicaciones, como el resto de los operadores que intentan competirle y los operadores de servicios mayoristas como la Red Compartida y la Red Troncal, inviertan de manera vigorosa en beneficio del óptimo desarrollo del sector y, por ende, para el sano crecimiento económico de nuestro país, particularmente en las zonas más marginadas.

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