La Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), pone en conocimiento de la opinión pública la difícil situación en la que se encuentran los emprendimientos y PyMEs proveedoras de servicios de internet que, como producto de la regulación de precios impuesta por el DNU 690, ven comprometida su subsistencia a futuro por el impacto de los aumentos en los costos, en su gran mayoría asociados a la evolución del dólar.

Por la gravedad de esta situación, los pequeños proveedores de internet, que operan, invierten y dan trabajo principalmente en pueblos y pequeñas localidades de interior del país, se encuentran en una difícil situación económica luego de meses en los que debieron solventar con sus ahorros el subsidio a los precios que las autoridades han impuesto sin contemplar la estructura de costos que deben afrontar las PyMEs que proveen sus servicios en esas localidades.

En el interior del interior, por más pequeñas que sean las localidades, existe al menos una PyME que provee el servicio de internet, nacida en muchos casos por el empuje emprendedor de un vecino de esa misma localidad que ante la falta de una oferta de conectividad decidió ponerla en marcha, generando inversión genuina y empleo local.

Con una inflación que en 2020 superó el 36%, los pequeños proveedores de internet no tuvieron posibilidad de adecuar los precios de sus servicios durante todo el año pasado. Ya corriendo 2021, la inflación acumulada de los cuatro primeros meses se ubicó en el 17,6%.

Con esta pesada mochila que supera ampliamente el 50%, sin criterio conocido, el ENACOM ha autorizado solamente aumentos por un máximo del 22% (8% en enero, 7% en febrero y 7% en marzo) aplicables sobre valores que en la mayoría de los casos no se ajustaban desde fines de 2019.

“Este es el combo explosivo que se combina con costos que no paran de crecer, en principio por la mera evolución de la inflación, del tipo de cambio, de los costos laborales y hasta del precio de la nafta, pero también por un consumo mucho mayor de ancho de banda por parte de los usuarios del servicio, que dispara una mayor erogación en conectividad mayorista, haciendo imposible cualquier intento de equilibrar la ecuación económica”, sostuvo sobre esta delicada situación Rodolfo Bianchi, VP de la CAPPI.

En palabras de Fermín Sodini, Gerente de Operaciones de Amecom, ISP que provee internet en Villa Gobernador Gálvez, el Sur de Rosario, Alvear, Pueblo Esther y otras localidades de la región sur de Santa Fe: “En los últimos dos años nuestros precios fueron por debajo de la inflación y hoy la ecuación de nuestro negocio depende de lo que un funcionario en Buenos Aires cree que está bien que yo aumente, sin importar como me aumentaron a mí los costos, o de cuanto es la factura de mis contratos de conectividad mayorista que son en dólares y mucho menos si alcanza para absorber el impacto de los aumentos de la nafta y el gasoil en nuestro gasto de movilidad”.

“Yo cubro barrios que están a 20 o 30 km del centro de operaciones, barrios chicos, con una torre para 12 clientes, donde somos el único proveedor que llega allí con servicios de internet. Cuando tenés un corte o un servicio técnico en zonas alejadas, quizá tenés que hacer 40 o 50 km de ida y vuelta y ocupar medio día de un técnico para levantar un cliente y ese costo laboral y de combustible no se paga con el abono mensual que tiene ese cliente. Y ni te cuento si ves como subieron los costos de mantenimiento de un vehículo y los repuestos en el último año, muy lejos del 40% de la inflación anual”, aportó Jesús Gil, director Netix, ISP de Tunuyán, provincia de Mendoza.

“Con una inflación de entre 3% y 4% mensual y los precios de nuestros servicios pisados, por donde lo mires la ecuación económica no cierra, y los prestadores del interior del interior lo sufren más porque el impacto en los más chicos es mayor. Para muchos de los costos que tiene un ISP no es lo mismo tener 500, 1.000 o 2000 clientes que 5.000 o 10.000, por ejemplo en la conectividad mayorista que tiene un valor menor cuanto mayor es la capacidad contratada y por otro lado, el ancho de banda se puede optimizar por una mejor tasa de re-uso cuando tenés más clientes”, agregó.

En relación a la incidencia del costo de conectividad mayorista, Sodini sostuvo: “Siendo uno de los ISPs más grandes de Rosario, al día de hoy seguimos sin poder conectarnos a la red de ARSAT que, por otro lado, vende el mega mayorista más caro que el valor del mega de la Prestación Básica Universal (PBU) que estamos obligados a vender al usuario final. Es un despropósito que sean las empresas las que tienen que subsidiar la PBU”.

En el mismo sentido, Jesús Gil agregó: “En nuestro caso estuvimos cerca de dos años esperando poder conectarnos a la fibra de ARSAT y finalmente desistimos. Fue imposible”.

El director de este pequeño proveedor de la localidad de Tunuyán agregó que: “No hay dudas que proveemos un servicio que es esencial, pero eso implica para nosotros hacernos cargo y asumir costos de tener estructura y atención 7×24”.

“Tuvo que venir una pandemia para que el Gobierno se dé cuenta que brindamos un servicio esencial, algo con lo que estamos de acuerdo, pero en los últimos 10 años a las PyMEs de esta industria nadie nos dio una mano, al contrario, nos pusieron más carga”, completó su colega de Amecom en relación a la regulación del DNU 690 que declaró a los servicios de internet como “Servicios Públicos en Competencia”.

“Esa regulación atenta contra el desarrollo de los servicios de internet, hacen que se retraiga la inversión privada y que a fin de cuentas internet llegue a menos gente”, agregó.

Reforzando sus palabras, Sodini puso como ejemplo el proyecto de su empresa en el Barrio Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, donde Amecom comenzó en 2020 un tendido de FTTH para dar servicio a 2.000 hogares, entre ellos los del barrio vulnerable “La Tablita”, y que debió suspender a partir del impacto del DNU en el negocio de su empresa familiar.

“Hoy la fibra está tirada, pero el proyecto lo paramos porque no tenemos certidumbre de cómo podríamos recuperar esa inversión”, concluyó terminante.

“Estamos en la línea de lo mínimamente rentable, por eso la ecuación económica no da para hacer inversiones en la mantenimiento y ampliación de red y eso en un negocio como el nuestro, donde el cliente requiere cada vez más ancho de banda, significa que estamos hipotecando nuestro futuro”, aportó en la misma línea Gil.

Frente a esta acuciante situación que viven los pequeños ISPs, la Cámara de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) se pone nuevamente a disposición de las autoridades para generar en forma urgente una mesa de diálogo que permita dar una rápida solución a esta situación que no hace más que agravar el ya altísimo nivel de concentración que existe actualmente en el mercado de telecomunicaciones en Argentina.

Justamente cuando lo que se necesita es todo lo contrario: una industria más competitiva, más inclusiva y más federal, objetivo que solo puede ser alcanzado a través de políticas públicas y regulaciones asimétricas que específicamente busquen nivelar la cancha impulsando una mayor participación de las PyMEs en el mercado.