BSA destaca esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los índices de piratería en 2007

Durante el año 2007, las Divisiones de Delitos en Tecnología y Análisis Criminal de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Provincia de Córdoba realizaron un total de más de 30 allanamientos distribuidos en las ciudades de Buenos Aires, Bahía Blanca y Córdoba a ensambladores de computadoras para evitar la comercialización de computadoras conteniendo programas de computación falsificados. Resultado de los allanamientos, se secuestraron más de 160 equipos informáticos y aproximadamente 600 CD’s con programas falsificados por un valor de $ 500.000.

Por su parte, para lograr que se cumpla con las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual y se evite la piratería de software, la Business Software Alliance (BSA) informa que durante el año 2007 total de más de 290 empresas y ensambladores de computadoras en Argentina fueron contactadas directamente para alertarles sobre los riesgos legales y económicos relacionados con el potencial uso de software ilegal en sus empresas.

A través de estas actividades BSA brinda la información necesaria que permita detectar situaciones de riesgo en materia de uso legal de los programas de software. La organización lleva a cabo diversos tipos de acciones judiciales contra los infractores según la legislación vigente; acciones administrativas, demandas civiles y/o denuncias criminales.
 
“Las iniciativas de control de las autoridades nacionales se complementan con las actividades y programas de BSA, las mismas que tienen un fuerte componente educativo que busca advertir, educar y concienciar a los usuarios en las ventajas y beneficios que trae la legalidad para el país, las empresas y para el usuario en cada uno de sus hogares; gracias al bienestar socio-económico, el aporte a las economías nacionales y los bienes y servicios de valor agregado que es capaz de generar la industria del software frente a cada programa de computador o desarrollo asimismo como los posibles riesgos legales”, comenta el Dr. Antonio Millé, uno de los Apoderados Legales de BSA en Argentina.

En Argentina, la Ley No 11.723, establece sanciones penales para quienes infringen los derechos de los creadores de software. Penalmente, la copia, distribución o uso no licenciado del software se castiga con penas que pueden llegar hasta a 6 años de prisión, igualándolo al delito de estafa o defraudación, mientras que civilmente, la infracción a los derechos sobre el software puede dar lugar a la imposición de indemnizar del daño económico llevado a cabo, así como la prohibición de continuar utilizando el software pirata, por vía de la adquisición de las licencias del software utilizado en infracción.

Algunos de los allanamientos tuvieron como destinatarios a usuarios registrados que utilizan páginas Web de subastas para comercializar software “no original”, cuya sanción contempla una prisión de entre un 1 mes a 6 años.

En Argentina, se han iniciado campañas de difusión de Estudios sobre software ilegal, difusión de allanamientos de las distintas Policías de todo el país, columnas de opinión, entre otras.

Para el Dr. Antonio Millé, uno de los Apoderados Legales de la BSA en Argentina, todas estas acciones tienen como objetivo de alertar e informar a los ciudadanos o empresas sobre posibles conductas que no se ajustan con la legalidad ni las normas vigentes.

Si bien el desconocimiento de las normas no exime de una potencial sanción por violación a los Derechos de Autor- facultad que asiste a las autoridades nacionales al momento de realizar a las acciones de control en el cumplimiento de sus funciones - en Argentina cerca del 75% de los programas de software instalados son ilegales según la última medición de International Data Corporation (IDC); situación que representa un gran potencial de riesgo entre las empresas de Argentina y el desarrollo económico del sector Tecnologías de la Información (TI).