60 allanamientos policiales y 136 diligencias judiciales a empresas por software ilegal en Argentina durante 2009 - continuación

Durante estas diligencias se constataron en total 4.080 computadoras con software ilegal (sin las correspondientes licencias), generando indemnizaciones que deberán afrontar los usuarios ilegales, y que en su conjunto superan los $ 2.500.000.

En Argentina, la violación a la Ley No 11.723, establece sanciones penales y atribuye responsabilidad civil a quienes infringen los derechos de los creadores de software. Penalmente, la copia o uso no licenciado del software se castiga con penas de prisión que pueden llegar hasta a 6 años de prisión, igualándolo al delito de estafa o defraudación, mientras que civilmente, prevé la indemnización del daño económico llevado a cabo, así como la prohibición de continuar utilizando el software pirata.

En el ámbito civil, el daño provocado al autor por la utilización indebida del software o la copia no autorizada, genera la obligación de indemnizar.

“Estas actividades de las autoridades policiales y judiciales tienen como objetivo lograr un nivel de protección adecuado de los derechos de autor en Argentina y disminuir los índices de piratería en nuestro país que superan ampliamente la media de Latinoamérica en cuanto a utilización de software ilegal”, comentó María de Monserrat Guitart Piguillém, asesora legal y una de las voceras de los miembros de business software alliance (BSA) en Argentina.

En Argentina cerca del 73% de los programas de software instalados son ilegales según la última medición de International Data Corporation (IDC); situación que representa un gran potencial de riesgo entre las empresas de Argentina y el desarrollo económico del sector tecnologías de la información (TI).

Resulta oportuno aclarar que cada producto ilegalmente instalado o copiado afecta directamente, no sólo a la empresa productora, sino también a los programadores, distribuidores, revendedores y vendedores nacionales. Esta ilegalidad, provoca la disminución de las ventas, entorpece la innovación y perjudica los incentivos económicos necesarios para la creación de nuevos programas y aplicaciones.