Impuesto a las exportaciones de servicios informáticos

Impuesto a las exportaciones de servicios informáticos

La Cámara de la Industria Argentina de Software expone su posición frente al reciente decreto 1201/2018 publicado en el boletín oficial.

El decreto sobre Derechos de Exportación 1201/2018 publicado el pasado 2 de enero en el boletín oficial, reglamenta que hasta el 31 de diciembre de 2020 las empresas tendrán un impuesto del 12% de derechos a las exportaciones de prestaciones de servicios con un límite de 4 pesos por dólar exportado.

El pasado septiembre, cuando el impuesto fue anunciado, desde CESSI manifestaron lo inconducente de la aplicación de este impuesto y coincidieron con el presidente Macri cuando lo califica como un impuesto malo, que se ha tomado en el contexto de los apremios fiscales del Gobierno, ya que no solo perjudica las decisiones de exportar e invertir de las empresas de la industria, sino que no va de la mano con los objetivos de crecimiento y desarrollo que ha comunicado el propio gobierno para la industria del software y de la del conocimiento en general.

Desde la Cámara se entiende esta medida regresiva siempre y cuando se cumpla su carácter provisorio, ya que de continuarse con la aplicación de los derechos de exportación se desalentará la generación de divisas ralentizando las tasas de crecimiento del 16% anual en exportaciones que ha demostrado el sector en los últimos 12 años.

Asimismo, es de suma importancia que se haya tenido en cuenta las necesidades de esta industria, a saber: evitar que tributen las microempresas y las pequeñas empresas, estableciéndose un mínimo no imponible de 600 mil dólares por año; la mayor financiación al habilitación del pago 45 días después de la operación a aquellas que facturen menos de 2 millones de dólares en el año anterior; y que se haya evitado la enorme burocracia que implica estar en el código aduanero por la excepción de los artículos especificados en el decreto.

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En este sentido, la industria del software no deja de tener en cuenta el reciente proyecto de ley de la economía de conocimiento consensuado por el gobierno con la cámara y la Red de Polos y Clústers de todo el país, y las demás cámaras de la industria del conocimiento, que servirá en tanto y cuanto se logre su pronta presentación en el Congreso para su eventual promulgación, para lograr el horizonte de inversión a 10 años que permita a esta industria lograr los objetivos de su plan federal.

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