El auge de la banca digital en América Latina

El auge de la banca digital en América Latina
La banca abierta en América Latina adquirió relevancia en el frente regulatorio en el último año.

Camilo Méndez, Habilitador de Transformación Digital en OneSpan, explica en esta nota el auge de la banca digital en América Latina.

América Latina ha surgido como el próximo centro de actividad para el crecimiento de los bancos y otras instituciones financieras que buscan nuevas oportunidades para ampliar la inclusión financiera y atraer a nuevos clientes con servicios de banca digital.

El sector regional fintech ha seguido creciendo de frente a la pandemia de la COVID-19 debido a una mayor demanda de servicios financieros móviles por parte de los consumidores.

Las aplicaciones de pago digital, utilizadas en gran medida para las transacciones de remesas de los consumidores desde Estados Unidos, se han vuelto cada vez más populares en los cinco mayores mercados financieros y de fintech de América Latina – México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina.

Aunque las autoridades reguladoras se han rezagado en la implementación de marcos legales para los servicios digitales, gran parte de esto se debe a un gran sector informal y a un retraso de los pagos digitales debido a la preferencia por el efectivo.

Un creciente número de empresas fintech e iniciativas de banca digital por parte de los actores financieros tradicionales buscan revertir esta tendencia. Como resultado de este auge, América Latina vio una gran actividad regulatoria, especialmente en áreas como la banca abierta, la privacidad y protección de datos, y la firma electrónica.

Banca abierta

La banca abierta en América Latina adquirió relevancia en el frente regulatorio en el último año. Varios países, especialmente Brasil, vieron un aumento de la demanda de acceso a los pagos digitales y en respuesta pusieron en marcha iniciativas de banca abierta.

En marzo de 2020, el banco central de México publicó el primer conjunto de normas para la banca abierta de conformidad con su Ley Fintech. Las normas iniciales integran los burós de crédito y las cámaras de compensación al marco de la banca abierta.

El despliegue ha sido muy lento, ya que hasta ahora sólo se ha centrado en el acceso a datos financieros no confidenciales, tales como la información sobre productos financieros, lo cual es mucho menor de lo que se había previsto.

En mayo de 2020, Brasil publicó la normatividad para la banca abierta en el país, permitiendo compartir datos personales entre entidades financieras e integrando los sistemas de interfaz de programación de aplicaciones (API) de las instituciones financieras existentes. La banca abierta se está desplegando en cuatro fases.

La primera fase, que comenzó a principios de febrero de 2021, requiere que las empresas financieras abran los datos acerca de sus productos y servicios bancarios a través de las API abiertas. Esto debería aumentar la transparencia y la competencia entre los bancos del país.

La fase 2 comienza en julio, los bancos y otras instituciones reguladas empezarán a compartir los datos de los clientes, tras recibir el consentimiento de los mismos.

La fase 3 comienza en agosto y les permite a los consumidores pagar facturas y transferir dinero fuera de su propio banco. En diciembre, la banca abierta pasa a la fase 4, la cual permitirá compartir toda la demás información y servicios, tales como seguros e inversiones.

La Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) de Colombia, una agencia gubernamental, se encuentra elaborando la regulación de banca abierta y espera tenerla lista en el tercer trimestre de 2021 con un lanzamiento formal en el 2022. Al igual que muchas jurisdicciones, Colombia planea promover un sandbox regulatorio.

La Ley de Portabilidad Financiera de Chile de 2020, que les facilita a los clientes de servicios financieros cambiarse de institución, podría ser el catalizador de la banca abierta. El despliegue de la nueva ley ha sido lento y, aunque la banca abierta está prevista, es probable que aún esté a dos o tres años.

Privacidad y protección de datos

La privacidad y la protección de datos es un área que ha visto mucha actividad en el último año. En febrero de 2020, el gobierno uruguayo emitió un decreto que introduce nuevas normas relacionadas con la privacidad de los datos personales que complementan la ley de 2017.

El proyecto de ley chileno que Regula la Protección y el Tratamiento de los Datos Personales y Crea la Agencia de Protección de Datos Personales sigue avanzando en su proceso legislativo.

En marzo se remitió a la Comisión de Hacienda del Senado. Si se promulga, el proyecto de ley alineará las leyes de protección de datos de Chile con regulaciones tales como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea (UE).

En enero de 2021, el gobierno reiteró su deseo de acelerar el avance del proyecto de ley de protección de datos, convirtiéndolo en una prioridad legislativa para el 2021.

La nueva ley de privacidad de datos de Brasil, modelada según el RGPD de la UE, la LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), entró en vigor el 16 de septiembre de 2020. Su aplicación comenzará el 1 de agosto de 2021.

En el último año, países como México, Paraguay, Uruguay y Colombia también han avanzado en iniciativas de privacidad de datos.
Firma electrónica El uso de las firmas electrónicas en América Latina está creciendo, particularmente en las empresas y otras entidades donde existe una mayor aceptación que apoya las firmas electrónicas y las firmas digitales. Esto incluye a México, Brasil, Colombia, Perú y Chile, entre otros.

Sin embargo, aún existen una serie de retos en el frente normativo. Ahora bien, algunos países latinoamericanos han promulgado leyes de comunicaciones electrónicas con requisitos de firma electrónica en el último año, sobre todo en respuesta a la pandemia de la COVID-19; mientras que otros continúan implementando la firma electrónica como parte de los planes nacionales de largo plazo para modernizar las industrias bancarias y de pagos. Muchas de las leyes son de amplio alcance y no se dirigen necesariamente a las industrias bancarias o de pagos.

Además, parece que la implementación de la firma electrónica avanzada es prioritaria entre los reguladores y las autoridades reguladoras en general. Paraguay, por ejemplo, lleva mucho tiempo planeando adoptar una regulación nacional de la identidad digital en virtud de su proyecto de ley sobre servicios de confianza para transacciones electrónicas, documentos electrónicos y documentos electrónicos transmisibles, siguiendo el modelo de la regulación del sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas (eIDAS) de la Unión Europea.

El proyecto de ley se presentó al gobierno federal en septiembre de 2020 y establece que las firmas electrónicas están legalmente reconocidas. Y las empresas, tales como las instituciones financieras, que ofrecen servicios de firma electrónica remotos estarán obligadas a fortalecer ciertos mecanismos de gestión y seguridad para proteger al cliente aún más.

Además de confirmar la legalidad de la firma electrónica, el proyecto de ley aborda nuevas regulaciones en torno a las transacciones y los documentos electrónicos, confirmando específicamente la futura adopción de regulaciones que siguen el reglamento eIDAS de la UE, la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Firmas Electrónicas y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico.

Identidad digital

Algunos de los países más activos de América Latina en cuanto a la participación de la banca abierta y el desarrollo de la normatividad tienen planes para adoptar regulaciones de identidad digital influenciadas por estándares internacionales tales como el Reglamento europeo eIDAS. Al igual que la firma electrónica, muchas iniciativas de identidad digital en América Latina estaban pacientemente relegadas hasta que la pandemia de la COVID-19 cambió la cara de los pagos remotos.

Uruguay publicó su Plan de Gobierno Digital 2020 en septiembre de 2019 a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. La agenda estableció un marco de política digital nacional que se implementará a través de varias iniciativas, programas y proyectos.

La meta es agilizar los servicios digitales para una variedad de canales de distribución, incluyendo los dispositivos móviles, y crear un gobierno digital confiable. Como parte de su plan, el Gobierno acabará emitiendo una identificación digital universal para fortalecer la seguridad de los servicios digitales.

El plan describe tres pasos para implementar su identidad digital universal, incluyendo el establecimiento de mejores prácticas sobre privacidad y la promoción de la adopción por parte de las instituciones públicas y privadas.

A principios de diciembre de 2020, las autoridades mexicanas aprobaron los planes para la creación de una tarjeta de identificación digital nacional en virtud de la nueva Ley General de Población, Movilidad Humana e Interculturalidad. La Secretaría de Gobernación de México creará una base de datos nacional que mantendrá datos personales, incluyendo la información biométrica.

Asimismo en México, los bancos están ahora obligados a recopilar y almacenar los datos biométricos y de geolocalización de los clientes. Esta normatividad entró en vigor en marzo de 2021.

La controvertida regulación les exige a los bancos recopilar, por lo menos, las huellas dactilares, y en la siguiente fase se añadirán las huellas de voz y las faciales. También se está discutiendo los escaneos de los iris. La siguiente fase está prevista para el 2023.

El requisito de geolocalización, según el regulador financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “tiene por objeto contar con un indicador de riesgo del cliente que les permita a las instituciones financieras obtener información sobre la zona geográfica al ejecutar operaciones no presenciales que se realicen en dispositivos que el cliente tenga en su poder y de los que se desconozca su ubicación”.

El requisito de geolocalización también es controvertido, sin embargo, además de combatir el fraude, también podría mejorar la experiencia del cliente al permitirles a los bancos ofrecer una autenticación sin problemas, incluyendo la biometría del comportamiento. Colombia también se encuentra desplegando actualmente una tarjeta de identidad digital que comenzó en noviembre de 2020 con planes de tener una identificación digital móvil disponible para los colombianos en el 2022.

América Latina será un panorama desafiante pero gratificante para las instituciones financieras apoyadas por los reguladores que buscan modernizar los servicios financieros públicos y privados y ampliar la inclusión financiera.

Algunas regiones, tales como América Central, seguirán siendo lentas en la adopción de la normatividad, mientras que otras, tales como Brasil, un centro fintech, y Uruguay, que es digitalmente avanzado, comenzarán a ampliar las iniciativas de banca abierta, al tiempo que fortalecen la privacidad y la protección de los datos.

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