Por decreto, todos los ciudadanos deberán usar sombreros de tres picos

Publicado el 27-05-08 en General, Negocios, Controversias, Política, Comunicación

Argentina está atravesando por una crisis profunda y aún no se vislumbra un principio de solución al conflicto que el gobierno mantiene con el campo desde hace casi tres meses.

¿Es razonable el pedido rural? ¿Es acertada la política fijada por el gobierno respecto de los productores agropecuarios? No lo se. Pero la situación ha puesto en evidencia algunos problemas más profundos que debe resolver el país. Y sobre esto, tengo más preguntas que respuestas.

¿Qué pasa cuando un país no puede diferenciar entre los responsables de administrar el estado y las autoridades del partido de gobierno? Hoy dirigen el Partido Justicialista los más importantes gobernadores peronistas y, para colmo, es encabezado por el Primer Ciudadano y ex Presidente Néstor Kirchner. Es la primera persona (y seguramente la última) que ve a la Presidenta Cristina Fernández cada día.

Las reuniones de gabinete pueden perfectamente realizarse en la sede nacional del Partido Justicialista, en la Casa Rosada o simplemente resolverse en el seno de la Quinta de Olivos.

¿Gobernante legitimo es equivalente a decisión legitima? Obviamente la Presidenta Fernández fue consagrada en elecciones libres y nadie objeta su legitimidad, tema que parece preocuparle en exceso. Ahora, como tiene legitimidad, puede firmar un decreto obligando a todos los ciudadanos a usar sombreros de tres picos.

Absurdo.

La legitimidad de su administración no resulta automáticamente en que todas sus decisiones de gobierno sean legitimas… mmm… legítima no es la palabra que se debiera usar en este contexto: es apropiada, es razonable, es efectiva, es casi cualquier otra cosa, incluso sabia, pero no legitima. De legitimidad en las decisiones de gobierno hablaba el ius-positivista Hans Kelsen para justificar, entre otras cosas, las que tomaba el gobierno de Adolf Hitler para “resolver” el “problema judío” y avalar a los criminales que implementaron la horrorosa “solución final”.

“Toda decisión tomada por las autoridades del estado y avalada por la legislación vigente es legitima“. Esa afirmación también pretendió proteger a quienes mataron y discriminaron durante el Apartheid o en los años del último proceso militar.

¿La legislación de un país no debe surgir del Parlamento? La división de poderes que consagra la Constitución dice que si, pero el Congreso, mayoritariamente oficialista, prácticamente no trabaja. Los representantes no se reunen, no dan quórum y no se enfocan en su tarea de hacer leyes. Cobran sueldos desmedidos para organizar a un conjunto de punteros políticos que garanticen la victoria en la próxima elección o junten pobres y necesitados para el siguiente acto político de turno, con algún plan social como carnada.

¿La oposición no debería construir planes alternativos a los del gobierno? El partido que podría convertirse en alternativa no hace nada; no tiene propuestas ni referentes que permitan pensar en la futura alternancia en el poder.

Triste.

Ahora no recuerdo quien lo dijo, pero aseguraba recientemente que los argentinos preferimos tener la razón a ganar. No importa ganar, ni siquiera empatar: lo importante es tener la razón. Y veo en los dirigentes ese espíritu, más preocupados por no reconocer errores que por tratar de solucionar problemas.

Una negociación entre dos partes es exitosa cuando ambas obtienen algo y ceden en otras cosas. Cuando sólo una gana, no es una negociación, es una batalla, una guerra pensada en términos de victoria y derrota.

Argentina se encuentra en el medio de una de las tantas encrucijadas que aparecen en la vida institucional de un país; y del camino que elija dependerá que llegue a destino. Pero, ¿Argentina sabe cual es su destino?